La nueva Ley, que reemplazará la vigente ley de residuos de 2011, incorpora al marco legislativo español lo recogido en las directivas europeas de residuos y de plásticos de un solo uso, como los nuevos objetivos -más ambiciosos- de recogida de envases desechados: por ejemplo, en 2027 se deberá recoger de manera separada el 85 % (en peso) de los productos de plástico introducidos en el mercado.
Además, los productores de envases se verán obligados a asumir todos los costes de los residuos de los productos que ponen en el mercado, aunque entre estos no se incluyen las monodosis o las cápsulas de café.
La ley plantea imponer a nivel estatal la aplicación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases, por el cual los consumidores dejan en el establecimiento unos céntimos en concepto de "fianza" por cada producto envasado que compran y, cuando traen el envase vacío al comercio, se les devuelve esa misma cantidad.
La norma sólo propone el SDDR en caso de que no se logren las metas de reducción europeas en 2023 ni en 2027 (que ahora también contempla la ley española) y además sólo afectaría a determinados envases: se excluyen, por ejemplo, las latas o los productos de vidrio, que se podrían reutilizar pasando por un proceso previo de lavado.
Otra medida para reducir el uso de envases desechables, bajo la premisa “el mejor residuo es el que no se genera”, es la que obligará a que los establecimientos minoristas de alimentación de más de 400 metros cuadrados tengan que destinar al menos un 20 % de su superficie a la venta de productos a granel.
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